La gestión de los residuos eléctricos y electrónicos está entrando en una nueva etapa en Chile. La publicación del decreto de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor para pilas y aparatos eléctricos y electrónicos establece obligaciones concretas para que las empresas que introducen estos productos al mercado organicen y financien su recolección y valorización al finalizar su vida útil.

Actualmente, Chile genera alrededor de 220 mil toneladas anuales de residuos eléctricos y electrónicos, superando los diez kilogramos por habitante. Pese a su potencial de aprovechamiento, la tasa nacional de reciclaje se sitúa en torno al 4,1 %. Las nuevas metas comenzarán a regir en mayo de 2028 y aumentarán gradualmente hasta alcanzar un 45 % de recolección y valorización durante el décimo año de implementación.

Este cambio regulatorio impulsará una mayor demanda por sistemas de recolección, clasificación, reparación, reutilización y procesamiento. Sin embargo, recolectar los residuos constituye solo el primer paso. Para transformarlos efectivamente en recursos será necesario determinar qué materiales contienen, en qué concentraciones se encuentran y mediante qué procesos pueden recuperarse responsablemente.

En este contexto, los diagnósticos técnicos permiten evaluar la generación, composición, segregación, transporte y almacenamiento de los RAEEs. A partir de esta información es posible establecer su potencial de valorización, identificar riesgos operacionales y definir rutas tecnológicas adecuadas para su tratamiento.

La implementación de la Ley REP representa, por lo tanto, una oportunidad para avanzar desde un modelo centrado en la disposición final hacia un ecosistema capaz de generar conocimiento, innovación y nuevos procesos industriales. La articulación entre productores, gestores, centros tecnológicos y especialistas será determinante para convertir las exigencias regulatorias en soluciones circulares viables.